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Los esfuerzos de California por asistir a indocumentados tiene un comienzo lento

Phil Barber
Written by Phil Barber

Una iniciativa sin precedentes que proveyó de $125 millones en ayuda de emergencia a trabajadores indocumentados que perdieron sus empleos durante la pandemia del coronavirus, ha sido avasallada en su primera semana, y los que abogan por ella dicen que al final quedará corta de reunir las vastas necesidades en las comunidades inmigrantes vulnerables.

La líneas telefónicas a las agencias no lucrativas que distribuyen la ayuda estatal han sido atascadas por quienes llaman buscando ayuda del programa, el cual ofrece un pago único de $500 por individuo o $1,000 por cada hogar.

María, una cosmetóloga que vive en Santa Rosa con su compañero y dos hijos dijo que comenzó a llamar el 18 de mayo -el primer día que se podía llenar la solicitud- y no ha podido ponerse en contacto con el grupo no lucrativo que dirige los formularios en el Condado de Sonoma.

“Traté de llamar a las 8 a.m. y seguí llamando hasta las 4 p.m.”, dijo María, quien habló mediante un intérprete y usó solo su nombre de pila dado a que es indocumentada y podría enfrentar repercusiones. “Ni siquiera había la opción de dejar un mensaje. La llamada se terminaba, llamaba de nuevo y la línea estaba ocupada. El día siguiente comenzé al mismo tiempo y me di por vencida al mediodía”.

El compañero de María y su hija se tomaron turnos llamando. Pero para el fin de semana, todavía no se habían puesto en contacto con un representante.

El Departamento de Servicios Sociales del estado, el cual está coordinando el programa, está al tanto de los problemas que experimentan quienes llaman y hace lo que puede por acelerar el proceso, dijo Scott Murray, director de Asuntos Públicos de la agencia.

“Las agencias no lucrativas están trabajando lo más rápido posible para asistir a los que llaman y ayudar a individuos que deseen aplicar en el proceso de aplicación”, escribió Murray en un correo electrónico. “Las agencias no lucrativas trabajan para poner líneas telefónicas adicionales para expandir su capacidad”.

El esfuerzo por ayudar a los trabajadores indocumentados de California comenzó el 15 de abril cuando el Gobernador Gavin Newsom develó el fondo, el primero de su tipo en Estados Unidos. El estado prometió proveer $75 millones y se espera que unos donantes privados reúnan otros $50 millones.

Pero la iniciativa comenzó de forma caótica. El viernes pasado, un grupo de organizaciones que apoyan el programa le escribieron a Newsom, pidiéndole su intervención y advirtiéndole que el programa está “al borde del fracaso”.

Los fondos públicos y privados tienen dinero suficiente solo para ayudar a 250,000 californianos que no son ciudadanos, que han perdido sus empleos o han experimentado privaciones económicas desde que comenzó el brote de coronavirus hace dos meses. Eso es solo una solución parcial para un grupo que ha sido impactado de forma desproporcionada por la recesión.

Muchos inmigrantes immediatamente perdieron sus empleos, o vieron que la mayor parte de sus trabajos se acabaron, cuando los condados de California comenzaron a emitir las órdenes de quedarse en casa a mediados de marzo.

Y a diferencia de sus vecinos que tienen ciudadanía o una residencia permanente legal, los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios de desempleo, cheques de estímulo y otras formas de asistencia pública.

Cerca de uno de cada cuatro no ciudadanos de California, o un cálculo de 688,000 personas han perdido sus empleos en los dos últimos meses, de acuerdo a un nuevo estudio del centro UC Merced Community and Labor Center.

El estudio descubrió que el 23.9 por ciento de los no ciudadanos -un grupo que incluye inmigrantes indocumentados e inmigrantes con tarjetas verdes y visas de trabajo- sufrieron pérdidas de trabajo relacionados con la pandemia, comparados con un 14.5 por ciento de los ciudadanos que nacieron en Estados Unidos. Las pérdidas de trabajo fueron particularmente agudas entre las mujeres inmigrantes no ciudadanas; casi una entre tres o un 30.2 por ciento perdieron sus trabajos durante la pandemia, de acuerdo al estudio.

Renee Saucedo, directora del programa ALMAS, el cual organiza a las empleadas domésticas para el centro Graton Day Labor Center, dijo que los pagos únicos de $500 o $1,000 ayudan pero solo hasta cierto punto a los inmigrantes indocumentados, cuyos trabajos han sido afectados por la pandemia.

“No va a reponer los meses que la gente no puede trabajar y pagar alquiler” dijo Saucedo.

La porción de los $75 millones del plan público, La Ayuda de Asistencia por Desastre para Inmigrantes (DRAI), es canalizada mediante 12 organizaciones no lucrativas a través del estado.

California Human Development (Desarrollo Humano de California), una agencia no lucrativa de Santa Rosa, está a cargo del territorio geográfico más grande, incluyendo el Condado de Sonoma y el resto del Norte de California afuera del Área de la Bahía y el Valle de Sacramento.

La parte de los $50 millones financiados por el proyecto de ley de ayuda por desastre, conocido como el Fondo de California de Poder de Recuperación Inmigrante (CIRF), también será administrada por grupos locales de difusión. Encabezando los esfuerzos de CIRF está la agencia Grantmakers Concerned with Immigrants and Refugees. Daranee Petsod, presidenta de la organización, ha vivido en Sebastopol por 20 años.

El trabajo es inmenso para todos ellos.

“Las familias que antes lucharon mucho ahora están luchando más que nunca”, dijo Susan Cooper, directora ejecutiva de Community Action Partnership of Sonoma County, agencia que ayuda a familias de bajos recursos a llegar a una estabilidad financiera.

El alto costo de vivir en el Condado de Sonoma, un reto incluso durante tiempos normales, hace que la situación sea todavía más calamitosa aquí.

La experiencia de María es amargamente representativa. No ha trabajado desde el 16 de marzo, cuando el salón de belleza que la empleaba cerró dado a crecientes preocupaciones por la salud. Su compañero, un panadero, ha estado trabajando tres días a la semana.

No suma a un ingreso con el que se pueda vivir.

María dijo que el haberse quedado sin empleo ha cambiado la dinámica de su relación doméstica, y que su familia ha comenzado a sentir la tensión.

“Por supuesto me enfoco en las facturas y en tener que comer”, dijo María. “Pero algo que hasta este día me hace sentir triste, mi hija se graduó de la escuela preparatoria y mi hijo fue promovido en la secundaria. Solo quiero darles la celebración que ellos se merecen. Me da tristeza porque ellos trabajaron tanto por lo que lograron”.

Los esfuerzos por mitigar las privaciones tales como las de María mediante el programa DRAI son un tanto opacos. Kai Harris, director Interino de California Human Development, dijo que las guías estatales prohiben que comenten los socios de las agencias no lucrativas.

El estado está aceptando a beneficiarios de acuerdo a quien llegue primero. Las no lucrativas locales compartirán información demográfica local con el gobierno tales como edades y géneros, pero no información personal como nombres y domicilios. El dinero llegará en forma de tarjetas de pagos.

CIRF, la porción privada de los fondos, fue lanzada el 30 de abril con una distribución inicial de 3.4 millones. Los administradores decidieron designar el dinero en montos, mientras es recaudado, en lugar de esperar la meta de los $50 millones. En el Día Conmemorativo, el monto toal era de solo poco menos de $30 millones.

Igual que con los fondos públicos, CIRF está usando a organizaciones de base para hacer difusión entre los inmigrantes. Aquí, ese grupo es UndocuFund para Ayuda durante Desastres en el Condado de Sonoma (UndocuFund for Disaster Relief in Sonoma County), el cual comenzó en 2017 tras el incendio Tubbs. UndocuFund es tan exitoso (ha recaudado más de $7.6 millones desde que fue creado) que ha retoñado cabildos en otros sectores de Californa, y ellos administran muchos de los beneficios de CIRF.

Omar Medina, un miembro de la Junta Escolar de Santa Rosa y uno de los fundadores del fondo, dijo que UndocuFund Sonoma County comenzó a inscribir solicitantes a mediados de marzo. Cerró las inscripciones el primero de abril tras inscribir más de 4,000 individuos.

“La gente todavía trata de inscribirse”, dio Medina. “No podemos añadirlos, porque no tenemos el dinero. No quiero subirle los ánimos a las personas, de potencialmente obtener ayuda cuando no está ahí”.

A fines de la semana pasado, dijo él, el grupo UndocuFund local no había recibido ningún dinero de CIRF.

Cooper, la directora de CAP, espera que esta pandemia y el estrago económico que está causando empujará a los californianos a que vean más allá de soluciones rápidas y que hablen de las necesidades subyacentes que existen incluso bajo circunstancias normales.

“Creo que nos corresponde echar una mirada a estas cosas al seguir adelante y hablar de estos temas que afectan a nuestras comunidades desproporcionadamente, a las que servimos”, dijo ella. “Estamos hablando de los más pobres entre los pobres. El presidente solía decir que la economía va muy bien. Viniendo desde nuestra perspectiva, sabemos que la economía no está muy bien, porque tantas familias en nuestra comunidad viven de cheque de pago en cheque de pago”.

Puede ponerse en contacto con Phil Barber en 707-521-5263 o en phil.barber@pressdemocrat.com.

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