Condado de Sonoma recibe advertencia federal por su política de inmigración

El Condado de Sonoma se encuentra entre los 29 gobiernos estatales y locales de todo el país por recibir una carta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos cuestionando si una política de "santuario", que limita la cooperación con la inmigración federal, viola los términos de una subvención federal que reciben.

Fue el más reciente cañonazo de la administración de Trump, que ha amenazado con detener el flujo de dinero federal a lugares que no proporcionan a los agentes de inmigración acceso a las cárceles locales o avisar con 48 horas de anticipación cuando sean liberados presuntos inmigrantes indocumentados.

A pesar de las órdenes judiciales que bloquean los esfuerzos de la administración, el fiscal general de la nación, Jeff Sessions, ha señalado una subvención específica para programas de aplicación de la ley, los fondos Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant, que dijo, podrían retenerse en más de 200 ciudades si no cumplen.

El miércoles, su oficina envió cartas al Condado de Sonoma y otras 28 jurisdicciones, incluidas San Francisco y Berkeley, advirtiendo sobre políticas que restringen el intercambio de información que podría conducir a la deportación de inmigrantes, y otorgarles a los funcionarios locales hasta el 8 de diciembre para se apeguen a la ley federal.

"Las jurisdicciones que adoptan las llamadas políticas santuario también adoptan la visión de que la protección de delincuentes foráneos es más importante que la protección de los ciudadanos respetuosos de la ley y del estado de derecho", dijo Sessions en un comunicado de prensa.

El Condado de Sonoma, que recibió $48,297 de la subvención en 2016, de hecho está cumpliendo con las regulaciones federales sobre la comunicación entre las entidades de gobierno citadas en la carta, dijo el abogado del condado, Bruce Goldstein.

Una sección de la ley citada en la carta sólo exige que los funcionarios locales de la cárcel informen a las autoridades federales de inmigración sobre el estado migratorio de un recluso, pero no requiere notificación sobre cuándo se libera a un recluso de la custodia, dijo Goldstein.

"El hecho de que el alguacil esté utilizando su discreción para no proporcionar información sobre los liberaciones pendientes no está en conflicto con su obligación bajo esa sección de la ley", dijo Goldstein.

Un portavoz del alguacil Rob Giordano dijo que la cárcel continuará entregando a los presos condenados por crímenes graves y cumplirá con cualquier orden de arresto firmada por un juez.

Pero a partir del 1 de enero, se guiará por una nueva ley estatal, la SB54, firmada por el gobernador Jerry Brown el mes pasado, que limita a las agencias estatales y locales encargadas de hacer cumplir la ley respecto a quién pueden retener, cuestionar y transferir, a solicitud de las autoridades federales de inmigración.

El sargento del alguacil, Spencer Crum, dijo que la ley será "el nuevo mandato para todas las agencias en el estado que todos debemos cumplir".

Crum dijo que la subvención Byrne fue utilizada por la Oficina del Alguacil para comprar un sistema digital de administración de evidencias, equipo para sala de entrevistas y almacenamiento de video digital. El condado no tiene pendiente ninguna solicitud de subvención.

Giordano anunció en agosto que la cárcel limitaría la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

En el pasado, la cárcel había respondido a todas las solicitudes de notificación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para anunciar la fecha y hora de la liberación de un recluso, incluso si la detención de un recluso no resultara en una condena.

Bajo la política de Giordano, la cárcel responde sólo si un recluso ha sido condenado por un delito grave u otros crímenes graves, incluidos el conducir en estado de ebriedad, agresión física y delitos sexuales infantiles. A los reclusos también se les dio el derecho de impugnar cualquier decisión de notificar a ICE sobre su liberación.

En la carta del miércoles, el Departamento de Justicia escribió que está "preocupado" porque el alguacil sólo está notificando a los funcionarios de inmigración bajo ciertos criterios. Solicita al condado que responda si sus políticas entran en conflicto con la ley federal. Además, pregunta si el condado cumpliría con la ley si recibe una subvención para el próximo año fiscal.

No está claro cómo se eligieron los 29 destinatarios de la carta.

The Press Democrat [English version]          

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