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Condado de Sonoma recaudará $2 millones para dar apoyo legal a inmigrantes

J.D. Morris
Written by J.D. Morris

The Press Democrat [English version]

El condado de Sonoma quiere ayudar a recaudar $2 millones de dólares en los próximos tres años para expandir los servicios legales a residentes que enfrentan una posible deportación —una medida que los líderes del gobierno esperan alivie el miedo generalizado entre los indocumentados, respecto a las políticas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump.

El dinero podría venir de fuentes públicas y privadas, y será destinado a un fondo de la Fundación Comunitaria del Condado de Sonoma. El fondo se utilizará para pagar abogados y personal de apoyo para ayudar a defender a los residentes contra la deportación.

Es una de varias maneras en que el condado intenta apoyar a los inmigrantes indocumentados y a sus familias, mientras que el gobierno federal, bajo el control de Trump, ha endurecido su enfoque en la aplicación de la ley de inmigración.

Ya se están realizando esfuerzos similares en ciudades y condados de California. Los condados de San Francisco y Alameda acordaron este año contratar nuevos abogados de inmigración, y Los Ángeles está trabajando en un fondo de defensa legal de 10 millones de dólares para los inmigrantes que enfrentan la deportación.

La creación del fondo en el condado de Sonoma fue puesta en marcha por la Junta de Supervisores hace tres meses, cuando autorizó una iniciativa para examinar la mejora de los servicios de gobierno para los inmigrantes.

El martes, cuando fue abordado el asunto, los funcionarios del condado alertaron sobre una aparente nueva tendencia en los hogares de inmigrantes, especialmente las familias de habla hispana. Entre ese segmento de la población local, el condado ha visto una irregular disminución irregular en la inscripción a algunos programas de gobierno desde el año pasado. Más de 800 niños de estas familias ya no reciben ayuda alimentaria estatal, según Karen Fies, directora del Departamento de Servicios Humanos del condado.

“Hemos escuchado las historias de Salud y Servicios Humanos, pero también hemos escuchado las historias, incluso antes de esta administración federal, de miembros indocumentados en la comunidad que temían reportar condiciones deficientes en sus casas porque sabían que serían desalojados“, dijo la supervisora Susan Gorin.

“Esta es una necesidad que está muy presente en nuestra comunidad… Nuestra economía está basada en la agricultura y el turismo, en su mayor parte, y esas son las comunidades, esos son los trabajadores más vulnerables”, dijo Gorin.

Los movimientos de la Junta de Supervisores fueron bien recibidos por defensores de inmigrantes.

“Agradecemos todo el apoyo”, dijo Margaret Flores McCabe, directora ejecutiva de VIDAS, un grupo de servicios de inmigración y defensa en Santa Rosa. “Es una cosa hermosa”.

Algunas de las propuestas de Trump que más controversia han ocasionado, como sus planes de construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, así como una represión a las llamadas “ciudades santuario”, no han ganado impulso o han sido paralizadas por los tribunales.

Pero ha ampliado el alcance de potenciales deportaciones, lo que se tradujo en un aumento del 38 por ciento en las detenciones de inmigrantes a principios de este año, aunque las deportaciones cayeron.

Los Angeles Times encontró en febrero que hasta 8 millones de inmigrantes indocumentados podrían convertirse en objetivos de deportación bajo los planes de Trump.

Las órdenes ejecutivas y la retórica que viene del gobierno federal han tenido un impacto significativo en el condado de Sonoma, generando una profunda ansiedad entre los residentes inmigrantes, algunos de los cuales ya no están inscribiéndose en ciertos programas de gobierno, dijeron funcionarios.

“Esto es muy real. El miedo es palpable”, dijo el supervisor James Gore. “Los rumores se están convirtiendo en realidad de alguna manera”.

El condado ha creado un sitio en internet: sonomacounty.ca.gov/immigration, con materiales educativos sobre los derechos de los inmigrantes. La Junta de Supervisores también respaldó unas cuantas leyes estatales diseñadas para proteger a los inmigrantes y apoyó un desafío legal a la orden ejecutiva de Trump dirigida a ciudades santuarios.

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