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Condado de Sonoma prepara reacción a demanda por el asesinato de Andy López

Julie Johnson
Written by Julie Johnson

Por segunda semana consecutiva, la Junta de Supervisores del Condado de Sonoma tiene programada una discusión a puerta cerrada sobre la demanda de derechos civiles de más alto perfil presentada contra el condado, hecha por la familia de Andy López, el adolescente de Santa Rosa asesinado por un oficial del alguacil en 2013.

La demanda, que ha estado abriéndose camino a través del sistema de tribunales federales, durante cinco años, alega que la muerte de López se debió a una violación de los límites constitucionales de la autoridad policial, y señalando tanto al condado, como al entonces oficial Erik Gelhaus, ahora sargento.

Los funcionarios del condado se han negado a decir lo que planean discutir en la sesión a puerta cerrada del martes. La discusión de la Junta sobre la demanda de la familia López había sido pospuesta la semana pasada.

La reunión se produce más de cinco meses después de que el condado perdiera su última batalla para evitar un juicio, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a revisar la petición del condado, respecto a otorgar a Gelhaus inmunidad por su responsabilidad civil en el tiroteo mortal. Esa decisión allanó el camino para un juicio con jurado, programado para julio.

El presidente de la Junta, James Gore, quien ayuda a establecer la agenda de la reunión de supervisores, insistió en que incluso la Oficina de Abogados del Condado no le informó completamente sobre el propósito de la reunión del martes.

“Mi sincera esperanza es que estemos en condiciones de hacer lo correcto”, dijo Gore en un mensaje de texto. “Me aseguraré de proporcionar comentarios cuando salgamos de la sesión a puerta cerrada y pueda hablar más cuando sepa más“.

Al igual que en la mayoría de juicios de derechos civiles, que alegan conducta indebida del gobierno, las conversaciones para llegar a un acuerdo han ocurrido entre las dos partes.

La cantidad de dinero en juego, si el caso se resuelve en favor de los padres de López, probablemente ascenderá a millones de dólares. Sólo este año, el Condado de Sonoma ha pagado $3.6 millones para resolver dos demandas de derechos civiles presentadas contra la Oficina del Alguacil.

Arnoldo Casillas, el abogado que representa a los padres de López, Sujey Cruz y Rodrigo López, ganó un veredicto anterior en un caso similar, en Los Ángeles (el niño quedó paralizado en un tiroteo por parte de la ley) que otorgó a sus clientes $24 millones. La ciudad apeló y un juez redujo la cantidad a $15 millones.

Casillas no respondió a múltiples solicitudes de entrevista la semana pasada.

Gelhaus, quien fue absuelto de un delito penal en 2014, por la oficina de la fiscal del distrito, Jill Ravitch, dijo que confundió la pistola de aire del niño de 13 años con un rifle de asalto real, cuando abrió fuego en el vecindario al sudoeste de Santa Rosa.

El tiroteo desgastó las relaciones entre la policía y la comunidad, provocando protestas sostenidas y un debate público sobre las prácticas de aplicación de la ley. Como resultado, tanto el condado como Santa Rosa crearon programas de supervisión independientes para investigaciones internas sobre el uso de armas de la policía, el uso de la fuerza y quejas.

Los funcionarios del alguacil, que se han sido mostrado irritados por parte de esa supervisión independiente, se han mantenido callados sobre el caso de López, una de varias demandas que discuten mala conducta en la mayor agencia de aplicación de la ley del condado.

El sargento Spencer Crum, un portavoz de la Oficina del Alguacil, se negó a hablar sobre el estado de la demanda de la familia López y dijo que no sabía qué se discutirá en la sesión a puerta cerrada del martes.

La supervisora Shirlee Zane se negó a comentar si las dos partes estaban procediendo al juicio o si habían llegado a un acuerdo.

No puedo hablar de eso, porque es una negociación legal”, dijo el viernes.

La supervisora Susan Gorin dijo que no tenía “idea de cuáles serían los parámetros” de la discusión del martes. Señaló que los supervisores han “tenido reuniones continuas” sobre el caso de López “durante varios años”.

La abogada adjunta del condado, Petra Bruggisser, se negó a proporcionar cualquier información sobre el asunto.

Los abogados del condado han montado una defensa vigorosa, alegando que Gelhaus actuó dentro de la ley y en respuesta a lo que él pensaba que era una amenaza inminente para su propia vida, cuando disparó a López.

Gelhaus vio al adolescente caminando por una calle en su vecindario de Moorland Avenue, portando lo que resultó ser una pistola de aire, diseñada para parecerse a un rifle AK-47.

La pistola de aire, que estaba apuntada al suelo mientras López caminaba, no tenía la punta naranja que indicara que era falsa.

Gelhaus, un veterano de 24 años de la Oficina del Alguacil, salió de su patrulla, se agachó detrás de la puerta del lado del pasajero y le ordenó a López que dejara caer su arma. Segundos después de la orden, López comenzó a volverse hacia Gelhaus, lo que provocó que el oficial disparara ocho veces contra el niño. López fue impactado siete veces y murió en la escena.

Una investigación de cinco meses realizada por la oficina de Ravitch determinó que el tiroteo fue legal. Pero la demanda por homicidio culposo presentada por los padres de López alega que Gelhaus actuó de manera imprudente, cuando abrió fuego contra su hijo. Acusó a la Oficina del Alguacil y su liderazgo, incluido el entonces alguacil, Steve Freitas, de establecer políticas que “alentaban, acomodaban o ratificaban” el uso de fuerza letal por parte de sus oficiales. Los padres de López están buscando daños no especificados.

La prolongada batalla legal se ha desarrollado en una serie de apelaciones, lo que ha retrasado el juicio durante unos dos años.

Algunos miembros de la comunidad que ayudaron a conformar la nueva agencia de supervisión de la aplicación de la ley en el condado, dijeron que tenían la esperanza de que las dos partes pudieran llegar a un acuerdo, que evitara una lucha legal aún más prolongada y contundente.

Evelyn Cheatham, quien formó parte de un grupo de trabajo que ayudó a crear la Oficina Independiente de Revisión y Alcance de la Aplicación de la Ley (IOLERO, por sus siglas en inglés) después del tiroteo de López, dijo que cree que un juicio podría reabrir algunas de las heridas de la comunidad, después del tiroteo, especialmente en la familia López.

“Les deseo un acuerdo saludable, un acuerdo muy saludable, porque no puedes traer de vuelta a un niño“, dijo Cheatham.

En junio, el condado dio a conocer un nuevo parque en el desolado terreno donde López fue asesinado. El parque de $3.7 millones contiene un monumento a López con fotos y recuerdos del niño, así como imágenes de la respuesta de la comunidad a su muerte.

Con información de los reporteros de The Press Democrat, Nashelly Chavez y Martin Espinoza.

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Posted by La Prensa Sonoma on Wednesday, February 7, 2018

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