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Comunidad pide al Sheriff del condado de Sonoma no colaborar con ICE

Julie Johnson
Written by Julie Johnson

The Press Democrat [English version]

Un panel comunitario que revisa las políticas de la oficina del Sheriff del Condado de Sonoma votó el lunes la aprobación de un mensaje claro para el alguacil Steve Freitas: Deje de cooperar con agentes federales de inmigración.

Conducido para contrarrestar el ánimo del presidente Donald Trump en su búsqueda por más deportaciones, el grupo que asesora a la Office of Law Enforcement Review and Outreach, en el condado de Sonoma, adoptó una fuerte posición contra la forma en que la cárcel ayuda a las investigaciones federales de inmigración civil.

Exigió a Freitas que ordenara al personal de la cárcel que dejara de cumplir con las solicitudes del organismo federal de inmigración, ICE, para ser notificado cuando un recluso con posible caso de deportación sea programado para ser puesto en libertad. Es una práctica rutinaria que reemplazó a la política ahora extinta de mantener a los reclusos después de su fecha de liberación para que un agente de ICE pudiera recogerlos.

“Para que nuestro sheriff se levante y diga: ‘Entendemos su miedo en esta comunidad. Protegeremos y serviremos a todos’, para hacer esa declaración, creo que es imprescindible”, dijo Elizabeth Cozine, integrante del grupo asesor que redactó la recomendación.

Los comentarios de Cozine fueron recibidos con aplausos por parte de las 50 personas que llenaron una sala de audiencias del condado el lunes por la noche, en el departamento de permisos y recursos en Santa Rosa.

La votación fue la primera medida importante adoptada por el recientemente formado Concejo Consultivo Comunitario, un grupo de 10 miembros que celebró su primera reunión en diciembre. El concejo fue creado para asesorar al director de la Oficina Independiente de Revisión de Cumplimiento de Ley, Jerry Threet.

“Esto es fundamentalmente un problema humano y moral”, dijo Threet en la reunión del lunes. “Cuando empecé a reunirme con los padres inmigrantes, justo después de que se emitiera la orden ejecutiva, sentí su intenso temor, tristeza, depresión… Esto está afectando significativamente a las familias en este condado”.

Él encabeza el primer programa de supervisión civil del condado, que examina cómo la Oficina del Sheriff lleva a cabo investigaciones internas sobre las quejas de fuerza excesiva. Threet también revisa otro tipo de investigaciones internas, y proporciona información sobre políticas y procedimientos.

Dijo que la política actual es dañina para la seguridad pública, porque ha escuchado en repetidas ocasiones de inmigrantes indocumentados en el condado de Sonoma que tienen miedo de llamar al 911 o cooperar con la policía local por miedo a ser deportados.

Threet dijo que se comunicará con Freitas y desarrollará una recomendación formal con investigaciones e historias sobre personas en el condado de Sonoma afectadas por esta política, y que presentará a Freitas.

Threet y el concejo asesor no tienen autoridad sobre cómo Freitas dirige el departamento.

El teniente, Jim Naugle, dijo que es demasiado pronto para decir si Freitas podría considerar cambiar su política.

Naugle asistió a la reunión para mostrar que Freitas y el departamento “quieren saber lo que la comunidad tiene que decir. Estamos escuchando“, dijo.

El voto de Trump, respecto a retener fondos federales a comunidades que no cooperen con sus órdenes, no afectará la forma en que la Oficina del Sheriff forme su política, dijo Naugle.

“Recibimos fondos federales, pero no los suficientes para forzar nuestras manos de una manera u otra”, señaló.

La cárcel del condado de Sonoma ofrece varias vías para que los funcionarios de inmigración tengan acceso a reclusos o información sobre reclusos. Los agentes pueden solicitar una entrevista personal con un recluso en la cárcel, ver documentos en el archivo de un preso y solicitar notificaciones sobre la fecha y hora de la liberación de un recluso.

El grupo recomendó que el sheriff Freitas impida que oficiales de ICE puedan revisar los archivos de los detenidos —que pueden incluir información de consulados extranjeros— y dejar de alertar a ICE cuando un preso con posibilidades de ser deportado sea programado para ser puesto en libertad.

La Oficina del Sheriff actualmente responde a todas las solicitudes de ICE sobre la fecha de liberación de un recluso.

Alrededor de una docena de miembros del público hablaron el lunes, todos menos uno instaron al grupo a enviar un mensaje fuerte a Freitas sobre las formas en que la política actual afecta a las familias.

“Estoy tratando con personas que vienen a registrarse con nuestra organización y veo lo temerosos que están“, dijo Magdelena Cárdenas, organizadora del Centro Laboral de Graton.

Susan Lamont, residente de Santa Rosa y ex presidenta del Centro de Paz y Justicia del Condado de Sonoma, alentó al grupo a ver sus acciones como parte de un movimiento más grande en California, para resistirse a lo que ella llamó las políticas punitivas de Trump.

“Cuanto más podamos decirlo, desde el nivel estatal hasta el nivel del condado, hasta las comisiones y concejos, más inspiración daremos al resto del país que no es tan afortunado como nosotros”, dijo Lamont. “Debemos ser un modelo y hacerlo lo más que podamos”.

Sólo un orador expresó su preocupación por la posibilidad de que menos cooperación con la ICE disminuya la seguridad pública. Michael Hilber, un residente de Santa Rosa, dijo que estaba preocupado por saber de un hombre detenido la semana pasada por sospecha de venta de metanfetamina y heroína habían sido deportado antes.

Otro orador, Heather Wise, abogado de defensa criminal en Santa Rosa, sostuvo que los oficiales federales de inmigración deben ser responsables por las personas peligrosas con posibilidad de deportación, y no las autoridades locales.

El concejo consultivo también votó para instar a los supervisores del condado a apoyar la Ley 54 del Senado Estatal, que fue introducida en diciembre, lo que prohibiría a las agencias estatales y locales de policía, “usar recursos para investigar, detener y detectar a personas con fines de inmigración”.

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