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Cárcel del condado de Sonoma mantendrá cooperación con ICE

Julie Johnson
Written by Julie Johnson

The Press Democrat [English version]

Todo comienza con una huella dactilar.

Un funcionario correccional con guantes azules presiona el pulgar, los dedos y la palma de cada recluso que ingresa a la cárcel del condado de Sonoma sobre una placa de vidrio, transmitiendo las impresiones digitalizadas a una base de datos que rastrea a personas con antecedentes penales y contactos previos con la policía.

Para los inmigrantes indocumentados inscritos en la cárcel, los datos biométricos desencadenan un proceso que podría poner fin de forma abrupta a su caso penal local y ponerlos en manos de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, o ICE, para iniciar procedimientos civiles de deportación.

La cárcel está en el centro del papel que desempeña la policía del condado de Sonoma en la aplicación de la ley de inmigración. En muchos sentidos, es el peor lugar para las estimadas 30,000 personas en el condado de Sonoma sin autorización legal para vivir en los Estados Unidos.

“Existe mucho miedo entre la comunidad inmigrante —ahora ICE lo esperará afuera de la cárcel o cuando regrese a su casa”, dijo Christy Lubin, directora del Centro Laboral de Graton.

El presidente Donald Trump renovó la misión del servicio federal de inmigración en una orden ejecutiva del 25 de enero, que desechó el enfoque declarado del ex presidente Barack Obama sobre inmigrantes indocumentados que cometieron crímenes graves. Trump amplió la misión de deportar a la mayoría de inmigrantes que entraron ilegalmente al país y restableció un programa de la era de Obama, ‘Secure Communities’ o Comunidades Seguras, que incrementa el uso de cárceles locales para encontrarlos.

James Schwab, portavoz de Inmigración y Aduanas de San Francisco, dijo que los agentes en el norte de California no han cambiado la categoría de personas a las que apuntan para deportación. Durante la administración Obama, la agencia dijo que se enfocó en deportar a los criminales más serios y violentos.

Schwab dijo que la agencia está esperando que el Departamento de Seguridad Nacional dé instrucciones sobre cómo implementar el nuevo mandato y a quién dar prioridad en posibles casos de deportación. Parece claro que los agentes serán llamados a investigar a más personas, pero no han aumentado las operaciones desde que Trump asumió el cargo, dijo.

Limitación de la interacción

Las nuevas leyes de California han limitado las formas en que la policía local y las agencias de sheriff cooperan con la aplicación de la ley de inmigración. El programa de licencias de conducir del estado legitimó a miles de automovilistas, permitiéndoles obtener licencias y permanecer fuera de la cárcel. La ‘Trust Act’ prohibía que las cárceles locales mantuvieran a las personas en la cárcel basadas exclusivamente en su estatus migratorio.

Los supervisores del condado de Sonoma y el Concejo de la Ciudad de Santa Rosa enviaron claras señales de apoyo la semana pasada a los indocumentados que viven aquí. Santa Rosa se declaró una “ciudad indivisible” y prohibió a los empleados de la ciudad, incluyendo a la policía, utilizar “fondos de la ciudad, recursos o personal para investigar, interrogar, detectar, detener o aprehender a personas únicamente sobre la base de una posible violación de la ley migratoria”.

Reafirmaron el compromiso de proveer servicios a las personas, independientemente de su estatus migratorio. Pero cayeron cortos al no pedir al sheriff Steve Freitas que cambiara la forma en que su área y sus oficiales interactúan con la aplicación de la ley de inmigración. Freitas es un funcionario público y tiene plena autonomía para dirigir las políticas de su departamento.

Bajo la actual política de la cárcel, las huellas dactilares de cada recluso son cargadas a las bases de datos utilizadas por la Oficina de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos para identificar a personas que entraron ilegalmente al país. Cuando los oficiales de ICE encuentran a alguien de interés, piden al personal de la cárcel que notifique a la agencia federal cuando esa persona está programada para ser puesta en libertad bajo fianza o simplemente es libre de salir.

Esas solicitudes de información sobre un recluso en la cárcel del condado de Sonoma ocurrieron cada dos días en enero, según la cárcel.

La Oficina del Sheriff del Condado de Sonoma no tiene que responder, pero lo hace, dando a ICE un aviso de 24 horas antes de que un recluso salga por la puerta. Lo ha hecho cuatro veces desde el 1 de enero, dijeron funcionarios el jueves.

No está claro si los oficiales de inmigración se pusieron en contacto con esas personas y si fueron detenidos o deportados. ICE no respondió la semana pasada a una solicitud de datos sobre detenciones locales.

Freitas se enfrenta a la presión de un concejo asesor de la comunidad para dejar de responder a ICE, a excepción de que los delitos sean graves o violentos.

Defensores de inmigrantes y críticos de las políticas de la cárcel del condado de Sonoma argumentan que el trabajo con ICE pone a las personas —incluidas aquellas que nunca han sido condenadas por crímenes— en riesgo de ser llevadas a procedimientos acelerados de deportación. Dicen que separa a las familias, desgarrando el tejido social de un condado que depende en gran medida de los trabajadores extranjeros.

Freitas dijo que cree que sus políticas proporcionan equilibrio.

Los oficiales en las calles no preguntan el estatus migratorio ni participan en redadas federales diseñadas para capturar inmigrantes indocumentados, a menos que la persona sea el blanco de una investigación criminal.

“Si llama al 911, los oficiales nunca le preguntarán su estatus migratorio, nunca lo sabrán”, dijo Freitas. “Trato de tranquilizar a la gente y a veces necesito hacerlo una persona a la vez. Esta ha sido nuestra política por mucho tiempo. Nada ha cambiado”.

Pero cree que la cooperación de la cárcel con ICE mantendrá a criminales fuera del condado de Sonoma. Además, la fecha de liberación de una persona es una cuestión de registro público disponible para cualquiera que llame, y Freitas ha dicho que no está inclinado a negar información a los agentes federales.

“Si es una herramienta que podemos usar con personas que han cometido crímenes, creo que es una herramienta que debemos usar“, dijo Freitas. “Pero no quiero involucrarme más en la aplicación de la ley de inmigración”.

Enfoques de notificación

Notificar a ICE sobre los internos es algo rutinario en el condado de Sonoma. Otros condados toman un acercamiento diferente.

En San Francisco, la cárcel recibió 41 solicitudes de ICE sobre información con fechas de salida de reclusos, durante los últimos seis meses de 2016, según Eileen Hirst, jefa de personal para la sheriff Vicki Hennessy.

De esas 41 peticiones, “no respondimos a ninguna de ellas. La misma sheriff Hennessy revisa cada una, y hasta ahora ninguna ha calificado bajo la ordenanza del santuario”, explicó Hirst.

En el condado de Sonoma, había 1,042 presos en la cárcel el jueves pasado. A pesar de la información recolectada cuando alguien entra, la cárcel no registra el número de reclusos que son inmigrantes indocumentados. El asistente del sheriff, Randall Walker, que dirige la cárcel, dijo que su personal no mantiene estadísticas sobre el estatus migratorio, porque no es útil para las operaciones diarias.

En el condado de Sonoma, los oficiales federales pueden visitar la cárcel y revisar el archivo de un recluso, que incluye una variedad de documentos, como formularios enviados a consulados extranjeros, donde la persona indica si es ciudadana de los Estados Unidos.

Los agentes de ICE también pueden solicitar entrevistar a un preso. Desde este año, las cárceles de California ahora deben dar a los presos la oportunidad de rechazar la entrevista o solicitar que un abogado esté presente, debido a una ley llamada ‘Truth Act’, diseñada para crear transparencia en las formas cómo ICE interactúa con reclusos.

Las cárceles también deben notificar a las personas, además de su familia y un abogado, cuando ICE ha pedido información sobre su liberación.

Jerry Threet, el auditor de la policía del condado, dijo que la política actual de la cárcel asume que los oficiales de ICE están tomando decisiones basadas en la historia criminal y la seguridad pública de un individuo. Las leyes federales de inmigración son asuntos civiles y no necesariamente criminales. Una deportación previa puede elevar a una persona a la lista de prioridades de ICE.

“Muchas personas sienten incluso que si son víctimas de un crimen no van a llamar por teléfono porque no quieren ser deportados”, dijo Threet. “Ese miedo en particular no está bien fundado, pero si terminas siendo arrestado y vas a la cárcel, podrías terminar siendo deportado“.

Threet dijo que planea elaborar una recomendación para el sheriff sobre maneras de limitar las notificaciones para reflejar mejor lo que la comunidad quiere. Es probable que incluya excepciones para personas involucradas en crímenes graves o violentos.

Threet dijo que ha escuchado una y otra vez de los inmigrantes en el condado de Sonoma que temen por sus medios de subsistencia y sus capacidades para mantener a sus familias unidas —el temor fue amplificado por las órdenes ejecutivas de Trump, al decretar a las agencias de aplicación de la ley a cooperar con las leyes federales de inmigración.

“Están aterrorizados y están muy convencidos de que no deben cooperar en ningún nivel con el sheriff, porque podrían terminar en una lista de deportación”, dijo Threet. “Es un problema real, no sólo desde el lado humano, que es desgarrador, pero es un problema de aplicación de la ley. Si tienes un crimen que está sucediendo y tus testigos son inmigrantes, ¿cómo vas a investigar?”

Dudas sobre cómo funciona

Defensores de inmigrantes cuestionan si la política de la cárcel funciona como una solución a la ley federal y estatal. El abogado de inmigración de Santa Rosa, Richard Coshnear, dijo que escuchó informes de personas que fueron capturadas por ICE en la cárcel, momentos después de ser liberados.

“Creo que ellos (los agentes de ICE) los esperan justo en el lugar donde confirman su libertad, reciben sus propiedades, firman que las obtuvieron de vuelta”, dijo Coshnear. “Antes de que salgan por la puerta de la cárcel, ICE está ahí.”

El programa de notificación de ICE reemplazó a Comunidades Seguras, una iniciativa federal que hizo que las cárceles mantuvieran a los reclusos más allá de sus fechas de libertad para que pudieran ser recogidos por oficiales federales. La detención era voluntaria, pero las cárceles, incluida la del condado de Sonoma, cumplían con las órdenes.

Los jueces federales encontraron que mantener a las personas en las cárceles locales por asuntos de inmigración civil violaba protecciones contra la detención ilegal, y la práctica terminó hace dos años. La ‘Truth Act’ de California, que entró en vigor en 2014, también impide la detención de personas basadas únicamente en su estatus migratorio.

Un nuevo proyecto de ley en consideración en la Legislatura estatal, la Ley 54, podría frenar aún más la participación de California en la aplicación de la ley de inmigración.

Conocida como la ‘Values Act’ de California, la ley propuesta podría limitar la cantidad de agencias policiales locales y cárceles que cooperen con funcionarios federales de inmigración —de hecho, podría detener la mayoría de las formas de cooperación, incluso detener correos electrónicos enviados por personal de la cárcel con fechas de liberación.

Freitas está firmemente en contra de esta ley. Dice que el programa de notificación es una herramienta valiosa para su oficina, para comunicar datos sobre criminales en el condado. El proyecto de ley crea una prohibición general, sin excepciones, incluso para delincuentes graves o violentos, lo cual considera crucial para la seguridad pública.

Mientras tanto, las comunidades de inmigrantes se preparan para lo peor.

Gervacio Peña, presidente de la junta directiva del Centro Laboral de Graton, dijo que el centro ha creado “comités de defensa comunitaria” para educar a la gente acerca de sus derechos frente a agentes de inmigración. También se preparan para ayudar a personas en proceso de deportación —desde encontrar representación legal, hasta manejar pertenencias dejadas atrás.

Peña estuvo con una docena de residentes del condado de Sonoma que viajaron al Sur de la Bahía la semana pasada para una convocatoria de defensores de trabajadores inmigrantes, para hablar de tácticas.

Peña dijo que ha vivido en el condado de Sonoma por 30 años. Antes de leyes como la ‘Trust Act’ o la habilidad de obtener una licencia de conducir, muchos inmigrantes indocumentados vivían con miedo de ser descubiertos durante situaciones mundanas de la vida, como conducir por la ciudad.

Ese miedo está de vuelta.

“Conozco mis derechos y tengo una ‘green card’, pero estoy preocupado por otros que no conocen sus derechos“, dijo Peña.

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