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Agentes federales de inmigración detienen a más personas tras salir de la Cárcel del Condado de Sonoma

Nashelly Chavez
Written by Nashelly Chavez

La Oficina del Alguacil del Condado de Sonoma está proporcionando significativamente menos avisos sobre las fechas de liberación de los reclusos a las autoridades federales de inmigración, una reducción que los funcionarios del alguacil atribuyen a los cambios en las políticas promulgadas hace dos años para limitar la comunicación con agentes federales sobre los reclusos cuyo estado de inmigración está en cuestión. Los cambios locales entraron en vigencia justo antes de una ley que exigía límites similares en todo el estado.

El año pasado, funcionarios federales de inmigración pidieron a la Oficina del Alguacil que fueran notificados antes de la liberación de un recluso en 535 casos, pero el personal de la cárcel solo concedió 88 de esas solicitudes, lo que equivale a 16% de todos los casos, según los datos publicados este mes por el alguacil Mark Essick.

Las notificaciones fueron reducidas 58% con respecto a 2017, cuando los agentes federales de ICE solicitaron a la Oficina del Alguacil fechas de liberación en 317 casos. Fueron emitidas 212 notificaciones de esas solicitudes, o dos tercios de todos los casos.

Los datos también revelaron un patrón significativo en el lado federal: ICE incrementó sus operaciones de arresto en la Cárcel del Condado de Sonoma, pasando de 18 arrestos en 2017 a 27 el año pasado, cuando tenía un número mucho menor de notificaciones del personal de la cárcel: revelaron los registros del alguacil.

Pero Essick dijo que la estrecha comunicación de su departamento con ICE ha sido eficaz para limitar las notificaciones a los casos más graves, incluidos los reclusos previamente condenados por delitos violentos.

“Creo que está teniendo el efecto deseado de la Legislatura”, dijo Essick sobre la ley estatal de 2017, el Proyecto de Ley del Senado 54, también conocida como la Ley de Valores de California. “Los que han sido entregados han cumplido con estos criterios muy estrictos”.

La actualización sobre las operaciones en la cárcel llega en medio de otro período difícil para los inmigrantes en los Estados Unidos, mientras la administración de Trump había anunciado una serie de redadas en todo el país, que buscaban detener a miles de personas sospechosas de estar en el país sin documentos. Se había dicho que la operación, aplazada el sábado por el presidente Trump, estaba dirigida a individuos en San Francisco y Los Ángeles, junto con al menos otras ocho ciudades.

Desde el comienzo de la presidencia de Trump, California ha tratado de disuadir cualquier represión federal mayor contra los residentes indocumentados dentro de sus fronteras. Se estima que más de 2 millones de inmigrantes indocumentados viven en el estado, la mayoría de ellos provenientes de México y países de Centroamérica, con más de 30,000 en el condado de Sonoma.

El gobernador Gavin Newsom, respondiendo el viernes a los informes de las anunciadas redadas federales, reafirmó su postura de que California sería un lugar de refugio, y que todos los que llaman hogar al estado tienen derechos y protecciones, independientemente de su estatus migratorio.

Las redadas propuestas por el presidente son crueles, mal dirigidas y están generando miedo y ansiedad innecesaria”, dijo Newsom.

Sin embargo, David Jennings, director de la oficina de ICE en San Francisco, dijo que las leyes de California que protegen a los inmigrantes indocumentados han impedido la colaboración entre las autoridades locales y los agentes federales, una conexión que él llamó crucial para hacer cumplir la ley de inmigración.

La agencia no espera ni quiere que ninguna agencia local de aplicación de la ley lleve a cabo la aplicación de la ley de inmigración, agregó, pero sí espera que “participen en la protección del público estadounidense”, dijo.

“Insto a los funcionarios locales y estatales a priorizar la seguridad pública y los derechos de las víctimas pasadas y futuras, en lugar de brindar refugio a delincuentes peligrosos que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos“, dijo Jennings en el correo electrónico.

ICE es notificado de la presencia de inmigrantes que se cree están indocumentados cuando son tomadas las huellas dactilares durante los registros de la cárcel, y luego son enviadas al Departamento de Seguridad Nacional, dijo Paul Prince, un portavoz de ICE para la oficina de San Francisco.

Si hay una coincidencia, la información es enviada a los oficiales de ICE para que puedan verificar la identidad de la persona, su estado de inmigración y para determinar si la persona puede ser deportada, dijo Jennings. Desde allí, ICE le pide a las cárceles que notifiquen a su personal sobre la liberación de un recluso para que los agentes puedan detenerlos en las instalaciones. La forma en que las agencias responden a esas solicitudes varía en California, dijo Prince.

La ley de California dice que las cárceles del condado solo pueden alertar a ICE de la inminente liberación de un recluso en circunstancias específicas, como cuando los reclusos han sido condenados por ciertos delitos graves y violentos, aquellos que han cumplido sentencias de prisión por delitos graves.

Si bien las notificaciones del Condado de Sonoma a los agentes federales han disminuido, continúan resultando en arrestos en la cárcel.

Los datos de los primeros cinco meses de 2019 muestran que 12% de las 271 solicitudes de ICE a la Oficina del Alguacil para las notificaciones de liberación fueron otorgadas. 15 personas fueron arrestadas por ICE como resultado.

Si ese patrón se mantiene, las detenciones federales en la cárcel superarán a las del año pasado, y casi duplicarán las de 2017.

Sin embargo, la cárcel notifica a ICE mucho menos que hace dos años, cuando, hasta el cambio de política a fines del verano, todas las notificaciones de ICE eran correspondidas, dijo Bernice Espinoza, una defensora pública del Condado de Sonoma y especialista en inmigración criminal. La política anterior daba lugar a la negación de derechos legales básicos, dijo Espinoza.

“La gente era llevada antes de ir a la corte o de tener un abogado”, señaló Espinoza. “Ellos no sabrían sus derechos”.

La protesta pública y el escrutinio de los medios sobre las operaciones de la cárcel llevaron a la Oficina del Alguacil a anunciar su cambio de política en mayo de 2017, dos meses después de un crítico informe por parte de IOLERO, que detallaba la cooperación de los oficiales con agentes de ICE para hacer arrestos en la cárcel.

El entonces alguacil Steve Freitas anunció que sus oficiales dejarían de notificar a ICE sobre las fechas de liberación de las personas sospechosas de cometer delitos menores. Pero el cambio no se produjo hasta mediados de agosto, poco después del retiro de Freitas.

“Ya habíamos empezado a mover la política en esa dirección”, dijo Essick. “La ley y nuestra política han cambiado hasta el punto en que la cantidad de personas que fueron derivadas a ICE ha sido muy limitada”.

Los abogados defensores dicen que los cambios están ayudando a salvaguardar los derechos legales de más reclusos en la cárcel.

“Si observa los números exactos, más personas tendrán la oportunidad de ir a juicio, estar presentes en la Oficina del Fiscal del Distrito para ser procesados y que los casos sean realmente escuchados y las personas conozcan sus derechos“, dijo Espinoza.

The Press Democrat [English version]

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