Será una batalla: elecciones por el control de la renta en Santa Rosa
The Press Democrat [English version]
El voto de junio respecto a la ordenanza de control de renta en Santa Rosa se está convirtiendo en una costosa, y probablemente, desbalanceada pelea.
Los propietarios, y grupos que los representan, en su mayoría de fuera de Santa Rosa, han donado al menos $390,000 dólares, hasta la fecha, a un comité político que se opone a la ley del control del alquiler en la ciudad.
Eso puede ser comparado con los $68,000 dólares que han recaudado los partidarios de la ley de control de renta para la ciudad, que trata de limitar el incremento del alquiler en los apartamentos más viejos a 3 por ciento anual y proteger a los arrendatarios contra desalojos injustos.
Esa ley, aprobada por el concejo municipal en agosto de 2016, aún no ha entrado en vigor, debido a que recolectores de peticiones, también pagados por grupos que representan a los propietarios, presentaron firmas suficientes para suspender la implementación de la ley, hasta que se lleve a cabo una votación en la ciudad.
El alcalde, Chris Coursey, calificó a las contribuciones de la industria de bienes raíces como "un gran número". Pero dado los $1.2 millones de dólares que fueron bombardeados a las elecciones del Área del a Bahía en noviembre pasado por grupos inmobiliarios, principalmente de Sacramento y Los Ángeles, Coursey dijo que no estaba sorprendido.
"La gente de esta comunidad va a ser la que estará votando, y sabemos que el dinero no siempre gana las elecciones en Santa Rosa", dijo Coursey.
La ordenanza del control del alquiler, Medida C, será presentada ante los votantes el 6 de junio en una elección especial. El impuesto propuesto por la ciudad para los negocios de cannabis, la Medida D, estará en la misma papeleta.
La mayor contribución reportada hasta la fecha para el comité de propietarios, llamada "Citizens for Fair and Equitable Housing — No on C", ha sido de $280,000, por parte del comité de acción política California Association of Realtors. Un tesorero del comité envió preguntas al vocero del California Apartment Association, quien no devolvió una llamada para hacer comentarios.
Otras dos grandes contribuciones vinieron de los propietarios de complejos de apartamentos con grandes propiedades en Santa Rosa. Woodmont Real Estate Services, de Belmont, que posee ocho grandes complejos en la ciudad, contribuyó con $75,400. Los apartamentos están situados en toda la ciudad, incluyendo los The Boulders, en Fountaingrove; The Villages, por Piner Road, en el noroeste de Santa Rosa; Oak Creek Apartments, por Highway 12, en el este de Santa Rosa, y Park Lake Villas, en el suroeste de Santa Rosa.
Un portavoz dijo que la compañía no tenía comentarios.
Otro dueño de grandes apartamentos en la ciudad, Pine Creek Properties, con sede en Santa Rosa, contribuyó con $20,000 al esfuerzo para bloquear el control del alquiler. Pine Creek posee cinco principales complejos en la ciudad, incluyendo Coddingtown Mall Apartments, que consiste en 470 apartamentos y condominios. Nadie de la empresa devolvió una llamada para hacer comentarios.
Otros contribuyentes pusieron $2,500, de Sonoma County Alliance, un grupo empresarial local, y $1,160 de Marlow Apartments LP, de San Francisco, que posee un complejo de 116 unidades en Marlow Road.
En comparación, un grupo llamado "Fair and Affordable Santa Rosa – Yes on C", ha reportado sólo $1,000 en contribuciones, hasta la fecha, perteneciente a Rick Theis, un activista ambiental local.
Pero eso enmascara las verdaderas donaciones, que incluyen una contribución de $65,000, del sindicato SEIU, explicó Terry Price, presidente del comité de control de rentas. La fecha límite para reportar los $68,000 dólares que el grupo ha recibido hasta la fecha es el próximo mes, dijo Price.
Price, un veterano consultor político, dijo que la elección se está convirtiendo en una batalla de "David contra Goliat", la cual será feroz. Estimó que los intereses inmobiliarios probablemente ya han recaudado más de $500,000, y están planeando bombear hasta un millón de dólares en la carrera. A diferencia de las elecciones de noviembre, cuando la industria gastó 1.2 millones de dólares para luchar contra cinco medidas del control de alquiler en el Área de la Bahía, la ordenanza de Santa Rosa es la única medida de control de renta en la votación de junio.
"Esto, en esencia, será un campo de batalla para ellos", dijo Price.
A pesar de la afluencia del dinero, Price predijo que los inquilinos responderán a una campaña de base en apoyo a la Medida C, porque están enfadados.
"La gente está extremadamente disgustada y enfadada por lo que está sucediendo en Washington, DC, y la situación que tenemos aquí —donde una jurisdicción local aprobó una medida de control de la renta, luego los intereses especiales y los intereses corporativos vienen con enormes cantidades de dinero para cambiar lo que los funcionarios democráticamente elegidos habían puesto en marcha— ha tocado un nervio", dijo Price.
La concejal Julie Combs señaló que la medida de la ciudad no afectará a los buenos terratenientes. Dijo que la ley está llena de mecanismos para asegurar que los propietarios obtengan ganancias, puedan hacer y pasar el costo de las reparaciones necesarias y deshacerse de los inquilinos problemáticos. Pero las reglas están diseñadas para bloquear el tipo de "especulación" flagrante que algunos terratenientes han realizado, dijo, citando a uno en Healdsburg, que desalojó a todos y se jactó de obtener un 30 por ciento de retorno de su dinero.
"Eso es aprovecharse de una crisis", dijo Combs.
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