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Oficina del Alguacil del Condado de Sonoma mantiene colaboración con ICE

Nick Rahaim
Written by Nick Rahaim

Un mes después de que la Oficina del Alguacil del Condado de Sonoma planeara iniciar una nueva política para limitar la cooperación con las autoridades federales de inmigración en la cárcel del condado, los cambios han sido puestos en una pausa indefinida, y el departamento sigue respondiendo a todas las solicitudes hechas por agentes federales para identificar y deportar inmigrantes indocumentados.

La jubilación temprana del alguacil Steve Freitas, los costos no financiados para implementar el propuesto cambio de política y leyes pendientes en Sacramento, son factores detrás de la estancada implementación.

Ahora, el futuro de esta política recaerá sobre los hombros del alguacil interino Rob Giordano, quien asumió el papel después de la salida de Freitas el lunes 1 de agosto.

“El alguacil Freitas tenía su visión sobre la seguridad pública y la aplicación de las leyes de inmigración, así que su propuesto cambio de política se basó en esa opinión”, dijo el asistente del alguacil, Randall Walker, quien supervisa la cárcel del condado de Sonoma. “Ahora se ha ido y tenemos a Rob (Giordano) como alguacil actuante. Él tendrá que retomar el asunto con sus propios puntos de vista”.

Los supervisores del condado están programados para votar el 22 de agosto la permanencia de Giordano, durante los 15 meses restantes de la administración de Freitas. Se espera que sea cuestionado sobre sus planes en la cooperación con la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la cárcel del condado de Sonoma.

“Obviamente, respetamos la independencia del alguacil, pero queremos asegurarnos de que la política del alguacil sea consistente con las resoluciones y mensajes que hemos hecho como Junta“, dijo Shirlee Zane, presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Sonoma.

La Oficina del Alguacil todavía está dando a ICE la fecha y la hora —por solicitud— en la cual los reclusos indocumentados son puestos en libertad, incluso cuando no son condenados por los delitos.

En los primeros siete meses de 2017, la Oficina del Alguacil recibió 164 solicitudes de notificación, por parte de ICE, y respondió a 139. La diferencia de 25 corresponde a individuos aún en prisión, desde el 31 de julio. Si han sido puestos en libertad desde entonces, ICE fue notificado.

El 1 de mayo, Freitas anunció que su oficina ya no respondería a todas las solicitudes de ICE, en cuanto a la notificación de hora y fecha en que los presos indocumentados son liberados de la cárcel.

Su anuncio, durante un día conocido por las marchas de los derechos de los inmigrantes en los Estados Unidos, fue en respuesta a las recomendaciones hechas por Jerry Threet, director de IOLERO (siglas en inglés de una agencia que supervisa a las agencias de la aplicación de la ley en el condado de Sonoma). Threet instó al alguacil a limitar las notificaciones de ICE a la liberación de individuos condenados por delitos graves y violentos, descritos en el Trust Act de California.

Freitas no apoyó totalmente la recomendación de Threet, pero el alguacil dijo que limitaría las notificaciones de ICE a violaciones de la Trust Act, y otros 18 delitos y delitos menores no descritos en la legislación de 2013, incluyendo DUIs y exposición indecente.

Para los abogados que trabajan con reclusos indocumentados en la oficina del Defensor Público del Condado de Sonoma y en la práctica privada, el cambio de planes ha minado la esperanza de que la interacción con la policía local no conduzca a la deportación por delitos que no son graves o violentos.

“Mi principal preocupación es que hubo una declaración y durante los últimos tres meses nada ha cambiado“, dijo Bernice Espinoza, una defensora pública y especialista en inmigración criminal. “Esta falta de claridad está creando mucho miedo”.

El plan inicial era crear un programa informático automatizado, para determinar si los oficiales de la cárcel del condado de Sonoma respondían o no a una solicitud de notificación hecha por ICE. Esas solicitudes de ICE son recibidas pocas horas después de que las huellas dactilares de un recluso son ingresadas en una base de datos nacional.

La Oficina del Alguacil recibió una oferta de $43,000 por parte del Departamento de Sistemas de Información del Condado de Sonoma para automatizar el sistema en julio, pero el dinero no fue incluido en el presupuesto de este año.

La ley 54 del Senado de California, que algunos han llamado un proyecto de ley “estado santuario”, fue aprobada por el Senado y se está debatiendo en la Asamblea. Prohibiría a las cárceles notificar a ICE sobre presos que no han sido condenados por delitos graves y violentos.

“Con la SB 54 en proceso, no queremos cambiar nuestra política sólo para cambiarla de nuevo dentro de un mes“, dijo el vocero de la Oficina del Alguacil, el sargento Spencer Crum.

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