Condado de Sonoma resuelve caso de violencia carcelaria con $1.7 millones
El condado de Sonoma acordó pagar $1.7 millones para resolver una demanda presentada por ex presos de la Cárcel del Condado de Sonoma que
Como resultado del caso, la Oficina del Alguacil del Condado de Sonoma ha vuelto a capacitar al personal de la cárcel sobre los procedimientos del uso de la fuerza y está en proceso de comprar cámaras corporales para el personal de correccionales e instalar cámaras en las áreas comunes de la cárcel, dijo el alguacil Rob Giordano.
El caso deriva de un incidente ocurrido el 28 de mayo de 2015, cuando el personal de la cárcel respondió a un disturbio en un ala de alta seguridad de la cárcel principal de Santa Rosa. Los presos fueron, uno por uno, sacados de sus celdas por un grupo de oficiales correccionales. Mientras estaban esposados, fueron gritoneados e inmovilizados boca abajo en el suelo con las piernas y los brazos a la espalda, según funcionarios del alguacil y videos del incidente del personal del alguacil (arriba).
"Algunas de las cosas que hicimos fueron inaceptables", dijo Giordano.
https://youtu.be/YGe4WB2jN2Q
El video del incidente, tomado por el personal del alguacil y publicado en línea por el abogado de los ex reclusos, incluye un momento con los agentes correccionales envestidos con equipo táctico sosteniendo a un recluso en el suelo, doblándole las piernas hacia atrás. En un estallido lleno de improperios dirigido al preso, un oficial dijo: "... actuando como una pequeña fuc---g bitch. Porque eso es lo que eres. ¿Y adivina qué? Yo dirijo esta fuc---g unidad. Soy tu dueño".
Siete hombres, todos ex reclusos, se unieron a la demanda federal de derechos civiles presentada en octubre de 2015 en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. en San Francisco. Izaak Schwaiger, el ex abogado de los reclusos, dijo que hasta 20 reclusos fueron golpeados en una ronda continua de asaltos sancionados a través de una política formal del alguacil llamada "asesoría en el jardín" o "asesoramiento conductual" que comenzó hace 20 años por el ayudante del alguacil Randall Walker. Walker dirigió las dos cárceles del Condado de Sonoma hasta abril, cuando fue puesto en licencia administrativa debido a una investigación de personal no divulgada.
"Si se espera que hagan nuestra comunidad más segura, no lo haces llevando personas a las cárceles identificadas como necesitadas de rehabilitación y empeorando todos sus problemas al causarles lesiones mentales y físicas, degradándolas y provocándoles una angustia mental", dijo Schwaiger. "Eso no hace a nadie más seguro".
Como parte del acuerdo, los funcionarios del alguacil del Condado de Sonoma trabajarán con los demandantes y el juez del tribunal de distrito de los EE. UU. para analizar formas de cambiar la manera en que los agentes correccionales responden ante el comportamiento ingobernable de los reclusos, dijo Giordano.
Uno de los demandantes, Marqus Martínez, dijo que tiene la esperanza de que otros reclusos no experimenten el mismo tipo de abuso de poder en la Cárcel del Condado de Sonoma.
Martínez, quien dijo que estaba bajo custodia en un caso pendiente de violencia doméstica y no había sido condenado cuando ocurrió el incidente, dijo que los agentes correccionales infligieron múltiples rondas de la llamada "consejería" sobre los reclusos, lo cual lo dejó lastimado físicamente y lleno de ansiedad.
Todos sintieron que su tratamiento era incorrecto, por lo que un grupo de reclusos reunió fondos para liberarlo después del incidente y pudiera contactar a un abogado, según Martínez.
"Nunca me han tratado así en mi vida, y no quiero que nadie sea tratado así", dijo Martínez, de 30 años, de Santa Rosa. "Horas más tarde, volvieron por segunda vez y lo hicieron de nuevo. La segunda vez regresaron con pasamontañas, vestidos con trajes negros e intimidantes. Podías escucharlos venir, 'Estás a punto de obtenerlo otra vez'".
Giordano dijo que la cárcel no ha anulado la política de asesoramiento conductual porque el documento en sí no condona el comportamiento que consideró inaceptable en las grabaciones de video del incidente. Giordano dijo que a veces es necesario que los agentes correccionales hablen con un recluso sobre su comportamiento o lo saquen de una situación, y a veces es necesario aislar a los reclusos.
"Todo el objetivo es corregir el mal comportamiento, y si estás degradando a alguien o eres irrespetuoso, eso no va a funcionar", dijo Giordano.
El alguacil electo, Mark Essick, repitió en múltiples ocasiones en la campaña electoral que se desharía de los procedimientos descritos en los videos del caso, tan pronto como asuma el cargo, y lo reiteró después de su victoria electoral.
"No podemos tener reclusos esposados, colocados boca abajo en el piso y gritoneados. Eso no es aceptable. No se puede hacer eso y retorcer sus piernas hacia atrás, esa política tiene que terminar", dijo Essick la semana pasada, luego de que los recuentos de las elecciones confirmaran su victoria absoluta contra dos oponentes.
El caso es el último de los pagos realizados por el Condado de Sonoma para resolver demandas legales contra la aplicación de la ley. La suma más grande fue de $1.75 millones pagados a la familia de Jeremiah Chass, un joven de 16 años asesinado por oficiales en 2007. En 2016, el Condado de Sonoma pagó $1.25 millones para resolver una demanda de fuerza excesiva de un hombre que recibió un disparo 23 veces con un Taser, mientras se encontraba en la cárcel por cargos de conducir ebrio.
The Press Democrat [English version]
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